Un juzgado de El Salvador resolvió el lunes que el expresidente Alfredo Cristiani, junto con un exdiputado y nueve militares retirados, enfrenten un proceso penal por su presunta responsabilidad en la matanza de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, perpetrada por una unidad de élite del ejército el 16 de noviembre de 1989, cuando los imputados ocupaban altos cargos.
La decisión incluye órdenes de captura y pedidos de difusión roja contra Cristiani, quien gobernó entre 1989 y 1994; el exdiputado Rodolfo Antonio Parker, asesor jurídico del Estado Mayor de la Fuerza Armada en esa época, y contra los militares Joaquín Arnoldo Cerna, Juan Orlando Zepeda y Juan Rafael Bustillo, que no se presentaron a la audiencia preliminar.
A esta únicamente asistieron cinco de los 11 procesados que seguirán con arresto domiciliario.
“Se ha ordenado que el caso pase a juicio, a vista pública por el delito de asesinato en el caso de los jesuitas”, declaró a los periodistas el abogado Gabriel Solorzano, que representa a tres de los nueve militares imputados.
Cristiani es acusado de responsabilidad penal por omisión en la masacre, mientras que Parker enfrenta cargos por fraude procesal y encubrimiento. El expresidente salió del país en junio de 2021 después de comparecer ante una comisión especial del Congreso que investigaba los sobresueldos de exfuncionarios del gobierno.
En el último día de aportación de pruebas, alegatos de la Fiscalía y la intervención de los defensores, tres de los procesados pidieron hablar ante el tribunal para alegar su inocencia.
“Soy inocente”, afirmó el general Rafael Humberto Larios, quien en esa época era el ministro de Defensa. Además aseguró que en ningún momento supo del crimen que se iba a cometer
“Jamás, ante Dios y ante mi conciencia profesional, hubiese permitido, bajo ningún concepto, que se cometieran actos dañinos con el respecto de la dignidad e integridad institucional”, agregó el militar ya retirado.
Por su parte Oscar Lineres, quien era el comandante del Batallón Atlacatl, dijo que la unidad que cometió los asesinatos fue solicitada por orden del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada para otros roles y que él no supo que fue enviada a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
La Fiscalía acusa a los militares retirados del asesinato de seis sacerdotes jesuitas: Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana, de nacionalidad española; el salvadoreño Joaquín López y López; y sus dos colaboradoras, Elba Ramos y su hija, Celina Ramos, de la UCA.
En 1991 ya se llevó a cabo un juicio por la muerte de los seis jesuitas y las dos colaboradoras. En ese entonces fueron procesados ocho funcionarios de rangos menores: el coronel José Guillermo Benavides, dos tenientes y cinco soldados del batallón de élite Atlacatl, pero un jurado absolvió a seis. Los dos restantes fueron declarados culpables, pero dos años después —con la amnistía promulgada en 1993 durante el gobierno de Cristiani— ambos fueron indultados y liberados tras pasar unos meses en prisión.
Después de que en 2016 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de amnistía general —la cual impedía que se procesara a los involucrados en crímenes de guerra—, la comunidad jesuita salvadoreña ha estado batallando para que se permita la reapertura del juicio, pero todos sus esfuerzos recibieron la negativa de los jueces y de la misma Corte Suprema de Justicia amparándose en la ley de amnistía.
En 2020 los abogados de los hoy procesados incluso lograron que la Sala de lo Penal emitiera una resolución que impedía investigar a los autores intelectuales, pero en 2022 todo cambió, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia le ordenó a la Sala de Penal que modificara su resolución y se permitiera investigarlos
Con esa orden, se reabrió el caso y la Fiscalía presentó la acusación contra el expresidente Cristiani y el resto de imputados, presuntamente vinculados con la matanza.
La Comisión de la Verdad —que investigó los crímenes cometidos durante la guerra civil de 1980 a 1992— responsabilizó del asesinato de los jesuitas a los altos mandos, que ahora son procesados por la Fiscalía General: Cristiani, el exdiputado Rodolfo Antonio Parker, y los militares retirados Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Joaquín Arnoldo Cerna, Inocente Orlando Montano —por los crímenes por los que no fue juzgado en España—, Óscar León Linares y Manuel Antonio Rivas.
El coronel Inocente Orlando Montano — quien al momento de la matanza era viceministro de Seguridad Pública de El Salvador— participó vía remota desde el consulado de ese país en España, donde cumple una condena de 133 años de cárcel por el asesinato de cinco de los seis jesuitas de nacionalidad española. En El Salvador se lo juzga por su posible involucramiento en el homicidio del jesuita salvadoreño y las dos colaboradoras.
En el primer día de audiencia ante el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador, el martes pasado, los abogados defensores de algunos de los imputados presentaron alegatos para buscar la nulidad del proceso y que se archivara la causa, pero todas sus peticiones fueron denegadas.
Según un informe de la Comisión de la Verdad, “existe plena prueba de que el Licenciado Rodolfo Parker Soto, miembro de la Comisión de Honor (del ejército), alteró declaraciones para ocultar las responsabilidades de altos mandos en el asesinato”.
Las autoridades han dicho que se desconoce el paradero de Parker, quien también habría salido del país después de concluir su periodo legislativo el 30 de mayo de 2021.
