El proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el ejercicio fiscal de 2025 conlleva una inversión integral de $1,616,837,096 para el área de educación, que se distribuye en diferentes carteras del Órgano Ejecutivo, según el tipo de ejecución que se prevé de los recursos públicos.
La mayor parte de ese monto está constituida por el presupuesto anual que se asigna al Ministerio de Educación (Mined), el cual asciende a $1,535,787,204; es decir, el 95 % de lo previsto de forma integral para dicha área social.
Esta cartera de Estado priorizará sus fondos en la mejora de servicios educativos, tomando como fundamento los ejes transversales que se detallan en la reforma educativa Mi Nueva Escuela, con el objetivo de dar soluciones a los problemas identificados en el Plan de Desarrollo Social, impulsado por el Gabinete de Bienestar Social y la política y la ley de Crecer Juntos, lideradas por el despacho
de la primera dama Gabriela de Bukele.
Algunas de las acciones concretas en la ejecución de estos fondos serán el fortalecimiento de infraestructura de los centros educativos y mejorar las competencias de los maestros y la tecnología utilizada, a fin de alcanzar estándares de calidad y seguridad internacionales para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje.
También se contempla mantener una inversión sustancial en dar las herramientas necesarias a los estudiantes para que inicien el año lectivo 2025, como uniforme, zapatos y útiles.
El ministro de Hacienda, Jerson Posada, durante la presentación del proyecto del presupuesto, mencionó que «se continuará con la mejora de todo tipo de infraestructura de niveles de parvularia, básica y media en zonas de alta pobreza, a través de la construcción, rehabilitación y equipamiento, con el objetivo de potenciar el aprendizaje y reducir la deserción escolar».
OTRAS PARTIDAS
Los esfuerzos por garantizar y mejorar la educación en el país serán complementados con recursos asignados a partidas presupuestarias de otras instituciones públicas, como la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Asamblea Legislativa y la presidencia de la república.
En el caso de la DOM, la contribución consiste en la ejecución de $40 millones para el financiamiento del programa de mejora de la calidad y expansión de la oferta de educación parvularia y centros de desarrollo infantil.
Algunos de los usos concretos de ese presupuesto son la construcción, la reparación y el mantenimiento de centros educativos.
Otro aporte importante a educación, por $29,704,507, saldrá del presupuesto del Conapina, que tiene la principal función de acreditar y supervisar los programas para primera infancia, niñez y adolescencia.
De la partida presupuestaria del MOP se utilizarán $9 millones para el financiamiento del programa de reconstrucción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura escolar dañada por el huracán Julia.
En tanto, la Asamblea Legislativa aportará $1,584,000 para la financiación del Programa de Becas Dagoberto Gutiérrez, que se desembolsará de forma anual, y que al final del actual período legislativo constituirá un aporte educativo de $5 millones.
Dichos fondos proceden de una reducción a la partida presupuestaria de gastos que tenía asignada cada parlamentario, atendiendo una recomendación del presidente Nayib Bukele.
La presidencia de la república mantendrá un fondo de $761,385 para financiar las operaciones de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), que se encarga de coordinar y gestionar las oportunidades de cooperación internacional para el desarrollo social del país, incluyendo la gestión de becas en el exterior para salvadoreños.
La inversión integral que se hará en el área educativa corresponde al 16.73 % del presupuesto estatal para 2025, es decir, el área social que tiene más asignación. Este plan de gastos anual se encuentra en la Asamblea Legislativa para ser estudiado por la comisión de hacienda y especial del presupuesto, que ha programado entrevistas con titulares de las instituciones públicas para que detallen el uso
de los fondos.
