Deportar a migrantes a los países centroamericanos elimina muchos obstáculos políticos y legales para el gobierno de Trump. ¿Hasta dónde puede llegar esta práctica antes de que estas naciones se desborden?
Los países centroamericanos llevan mucho tiempo recibiendo a sus propios ciudadanos deportados de Estados Unidos. Pero ahora el gobierno de Trump les ha pedido que acojan también a personas de otros países del mundo.
Las medidas extraordinarias que entrañan estas expulsiones —centenares de migrantes trasladados en avión sin conocer su destino y llevados en autobús a refugios aislados— han desviado la atención hacia Panamá y Costa Rica y hacia el modo en que la represión de la migración por parte de Trump se está desarrollando mucho más allá de las fronteras estadounidenses.
Hasta ahora, el número de migrantes de otros lugares deportados a Centroamérica aún es pequeño, y no está claro si aumentará. En gran medida, los líderes regionales afirman que están cooperando activamente con Estados Unidos o han restado importancia a las deportaciones. Sin embargo, los analistas advierten que estos líderes se han visto acorralados con la amenaza de los aranceles y que cualquier aumento de los vuelos de deportación podría acabar llevando a Centroamérica a sus límites.
“No tienen poder para hacer nada”, dijo Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House, un instituto de investigación de Londres. “Y hemos visto con el presidente Petro de Colombia las consecuencias si se resisten: sanciones contra el personal diplomático, pérdida del derecho a visado, así como aranceles”.
Este mes, el gobierno de Trump envió a Panamá tres aviones militares que transportaban a unos 300 migrantes, en su mayoría procedentes de Asia y Medio Oriente. Días después, aterrizó en Costa Rica un vuelo que transportaba a 135 personas, casi la mitad de ellas niños, e incluía a decenas de personas procedentes de China, Asia central y Europa oriental.
Los migrantes, que según las autoridades estadounidenses cruzaron ilegalmente la frontera sur, permanecerán bajo custodia de las autoridades locales hasta que puedan ser devueltos a sus países o consigan asilo en otro lugar.
Enviarlos a otros países elimina muchos de los obstáculos a los que se enfrentó Trump durante su primer mandato al intentar frenar la migración ilegal, según los analistas.
Ayuda a aliviar el hacinamiento en los centros de detención estadounidenses al expulsar a personas de países como China, Afganistán e Irán, donde la falta de relaciones diplomáticas con Estados Unidos hace que las expulsiones sean especialmente difíciles.
Además, la expulsión inmediata de migrantes permite a Estados Unidos eludir las obligaciones jurídicas internacionales de ofrecer la oportunidad de pedir asilo a las personas que pueden sufrir condiciones de vida peligrosas en sus países de origen.
Las expulsiones rápidas también permiten al gobierno evitar otro obstáculo notablemente espinoso con el que se topó Trump durante su primer mandato: según la legislación estadounidense, las autoridades no pueden retener a menores durante más de 20 días, estén o no con sus padres. Una gran proporción de los migrantes deportados a Centroamérica hasta ahora han sido familias con niños.
Públicamente, los dirigentes de toda Centroamérica —claramente preocupados por la posibilidad de represalias si desafían a Estados Unidos— rechazan la idea de que se les esté forzando a aceptar a estos migrantes.
