El expresidente salvadoreño, Mauricio Funes, de 65 años, se encontraba asilado en Nicaragua desde el 2016, luego de huir de El Salvador tras ser acusado por delitos de corrupción.
En horas de la noche de este martes, el Ministerio de Salud de Nicaragua confirmó la muerte de Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente salvadoreño, quien a sus 65 años de edad se encontraba asilado en territorio nicaragüense desde el 2016, luego de huir de El Salvador tras ser acusado por delitos de corrupción.
Funes se convirtió en el primer presidente bajo la bandera del partido de izquierda, FMLN, en el periodo de 2009-2014. Hasta el momento se desconoce la causa exacta de la muerte del exmandatario salvadoreño, pero se había confirmado durante las últimas horas que se encontraba delicado de salud.
A través de un comunicado emitido por el gobierno nicaragüense, se había informado en horas de la tarde de este martes que Funes se encontraba en una «delicada» situación de salud en Nicaragua, pero no se detallaba con exactitud la causa de salud que aquejaba al expresidente.
«Desafortunadamente, el paciente ciudadano Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador, (…) ha fallecido», anunció el Ministerio de Salud de Nicaragua en un comunicado publicado en medios oficialistas. Funes murió a las 9:35 p.m. «como resultado de una grave dolencia crónica», señaló el gobierno de Daniel Ortega, sin precisar la causa del fallecimiento.
Prófugo de la ley salvadoreña
Luego de ser acusado de malversar 351 millones de dólares, entre otros cargos de corrupción durante su gobierno, el expresidente huyó a mediados de 2016 a Nicaragua, donde recibió asilo. Tres años después, el gobierno de Daniel Ortega le concedió la nacionalidad nicaragüense.
Funes tiene cinco procesos penales pendientes ante la justicia salvadoreña, entre ellos el de la acusación de malversación de dinero.
En mayo de 2023, fue condenado en ausencia a 14 años de prisión acusado de ser parte de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes, debido a su papel en una tregua con las pandillas.
Posteriormente, en junio de 2024, fue condenado también en ausencia a ocho años de prisión por el delito de casos de lavado de dinero y activos, tras ser encontrado culpable de favorecer a una empresa guatemalteca para que le fuera adjudicada la construcción de un puente.
