Con 57 votos a favor y ninguno en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos”, una normativa que moderniza y flexibiliza el marco legal vigente en materia antilavado.
Entre los cambios más relevantes, la ley reduce de 20 a 10 el número de sujetos obligados, incorporando entre ellos a los proveedores de servicios de activos digitales y bitcoin (BTC).
Además, eleva a 15.000 dólares el límite de efectivo que debe declararse e impulsa un sistema de cooperación institucional para reforzar la persecución de delitos financieros.
Los diputados de Nuevas Ideas destacaron que la reforma impulsa la competitividad, elimina la sobrerregulación y protege la inclusión financiera, evitando que ciudadanos y empresas sean excluidos de servicios por antecedentes periodísticos o listados internos.
La normativa fortalece la capacidad del Estado ante amenazas que afectan la economía y celebra la inclusión de servicios digitales y bitcoin como sujetos obligados, enfocando la regulación en los verdaderos riesgos.
La ley también responde a compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la recomendación 15 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al incorporar los activos virtuales dentro del marco de prevención de lavado de dinero, conforme a estándares adoptados por otros países de la región.