San Salvador. Bajo el fiel compromiso de defender los derechos de la sociedad y de las víctimas, la Fiscalía General de la República (FGR) nuevamente logró justicia para las primeras 23 víctimas afectadas por diferentes sociedades de la Corporación Argoz. En la esta fase uno se logró condenas de hasta 199 años de prisión para los principales integrantes de una estructura que cometieron estafas, agrupaciones ilícitas y casos especiales de lavado de dinero y de activos.
Los imputados enfrentan otros procesos similares por otros casos.
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que los imputados conformaron una estructura de poder delictiva dedicada a comercializar lotificaciones en distintas zonas del país, ofreciendo terrenos que no contaban con los permisos ni requisitos legales para su venta. Los imputados habían generado fortunas y grandes lujos a costa de los afectados.
La investigación estableció que las víctimas entregaron dinero con la promesa de obtener las escrituras de una propiedad al terminar de pagar los terrenos; sin embargo, estas nunca fueron entregadas, ya que las lotificaciones estaban en condiciones irregulares, es decir, no estaban legalizadas y no podían venderse.
Por los hechos anteriores, Leticia Farfán de Gómez a 199 años de prisión por 23 casos de estafa, agrupaciones ilícitas y casos especiales de lavado de dinero y de activos.
Asimismo, Rodrigo Javier Gómez Farfán y Natalia Gómez Farfán fueron condenados a 189 años de prisión cada uno por 23 casos de estafas y agrupaciones ilícitas.
Mientras que, Edwin Omar Rivera López fue sentenciado a 37 años de prisión por ocho casos de estafa y agrupaciones ilícitas.
Mónica Ivette Sanabria de Uriarte recibió una condena de 13 años de cárcel por un caso de estafa y agrupaciones ilícitas.
Además, Javier Orlando Martínez Henríquez -quien se desempeñaba como contador de la Corporación Argoz- y Teodoro Portillo Pineda (en calidad de ausente) fueron condenados a cinco años de prisión cada uno por agrupaciones ilícitas.
La condena fue impuesta por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador tras valorar y validar las pruebas que la Fiscalía presentó como peritajes financieros y patrimoniales, informes del Ministerio de Vivienda, documentación emitida por alcaldías entre otros.
También declararon exempleados de las áreas jurídica, arquitectura e ingeniería, quienes explicaron el funcionamiento interno de la estructura.
Además de las penas de cárcel, la Fiscalía logró que los condenados entreguen el dinero y los bienes obtenidos de forma ilícita por un monto aproximado de $299,000, provenientes de los casos especiales de lavado de dinero y de activos, así como del valor de las joyas decomisadas, bienes que en conjunto ascienden aproximadamente a medio millón de dólares.
Los recursos serán destinados para la reparación del daño ocasionado a las víctimas.