Nueva York, Estados Unidos. — Un juez federal de Nueva York dejó sin efecto una política de la administración del presidente Donald Trump que suspendía la emisión y procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, en una decisión que representa un nuevo revés judicial para las medidas de restricción migratoria impulsadas por el Gobierno estadounidense.
La resolución fue emitida el viernes 21 de agosto por la jueza de distrito estadounidense Jeannette Vargas, quien determinó que la política impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio, excedía las facultades otorgadas por la legislación federal y contravenía el marco establecido por la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos.
La medida había sido anunciada por el Departamento de Estado en enero de 2026 y entró en vigor el 21 de ese mes. Su aplicación suponía una pausa indefinida en el procesamiento de visas de inmigrante para nacionales de los países incluidos en la lista, mientras el Gobierno revisaba los procedimientos relacionados con la posibilidad de que los solicitantes se convirtieran en una eventual carga pública para Estados Unidos.
Una política basada en la nacionalidad
Entre los países afectados se encontraban naciones de América Latina y el Caribe, como Brasil, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Haití y Uruguay, además de países de África, Asia, Medio Oriente y Europa.
La jueza Vargas cuestionó que la política estableciera una prohibición general basada en la nacionalidad de los solicitantes, en lugar de permitir que cada caso fuera evaluado individualmente por los funcionarios consulares, como contempla la legislación migratoria estadounidense.
En su resolución, el tribunal consideró que la medida era contraria a la ley y que el secretario de Estado no tenía autoridad para imponer una prohibición categórica que obligara a los funcionarios consulares a rechazar solicitudes únicamente por la nacionalidad del solicitante.
¿Qué implica la decisión?
La decisión judicial deja sin efecto la política de suspensión y ordena que las solicitudes afectadas sean nuevamente consideradas bajo los procedimientos establecidos por la legislación migratoria estadounidense.
De acuerdo con la resolución, también quedan sin efecto las negativas de visas que se hubieran basado exclusivamente en esta política, por lo que los casos deberán regresar a los funcionarios consulares para su correspondiente evaluación individual.
La medida estaba dirigida específicamente a visas de inmigrante, es decir, aquellas destinadas a personas que buscan establecerse permanentemente en Estados Unidos. No correspondía a las visas temporales de turismo, estudios o determinadas categorías de trabajo no inmigrante.
Un nuevo revés para la política migratoria de Trump
La decisión se suma a una serie de desafíos judiciales a las políticas migratorias implementadas por la administración Trump. El Gobierno estadounidense ha defendido sus medidas argumentando la necesidad de reforzar los controles migratorios y evitar que los nuevos inmigrantes dependan de programas de asistencia pública.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y solicitantes afectados llevaron el caso ante los tribunales, argumentando que la suspensión establecía una restricción general basada en la nacionalidad y afectaba procesos de reunificación familiar y migración laboral.
La sentencia del 21 de agosto marca así un importante punto de inflexión en la disputa entre el Ejecutivo estadounidense y organizaciones migratorias sobre los límites legales de la política de visas.